Aunque inicialmente se buscó desestimar el caso, resultaron ser ciertas las aprensiones formuladas por consejeros regionales en torno al proceso de adjudicación de los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (Fic-R 2015).
Frente a reclamos y las referidas sospechas, el Consejo Regional y sus instancias internas habían retrasado la aprobación en el pleno de los recursos asignados por el Ejecutivo regional.
Fueron cerca de 80 los proyectos que habían pasado la etapa de admisibilidad, si bien sólo una treintena de ellos estaba siendo favorecida. Inicialmente, se informó que 13 iniciativas correspondían a la Universidad de Magallanes, igual cantidad al Cequa, tres al Inia y una a la Universidad Andrés Bello.
Lo cierto es que, sin desconocer el merecimiento de los proyectos postulados por las referidas organizaciones, llamó la atención que quedaran fuera iniciativas presentadas por entidades tan importantes como el Dictuc de la Universidad Católica, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Santo Tomás y la Corporación La Araucana.
Finalmente, hubo que realizar una investigación, la que arrojó que eran ciertas las aprensiones emitidas desde el Core, algunos de cuyos integrantes habían hablado de un proceso viciado, posibles irregularidades y falta de transparencia.
El intendente prefirió admitir “fallas administrativas desde el punto de vista de la rigurosidad en la comisión que evaluó la admisibilidad” y anunció que hubo cambios en los integrantes de los grupos encargados de admisibilidad y selección.
Este caso permite refrendar que la administración pública tiene el deber de llevar adelante con absoluta transparencia todo proceso de adjudicación de recursos del Estado. En ello, no debe existir ningún espacio para la duda o las suspicacias.
Igualmente, lo sucedido demuestra que los integrantes del Consejo Regional pueden aportar lo suyo en tal exigencia ciudadana y que sí resultan determinantes cuando realizan bien sus labores y fiscalizan los actos administrativos.